¿Cuáles son las condiciones para iniciar con éxito un cambio sustentable y sano que se proponga para nuestra República?
Cristián Dellepiane. Vocal Titular de Tribunal de Disciplina CPACF y Director de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Información Financiera.
El martes pasado, abogados y abogadas del Estado, nos reunimos en la cena del Consejo Consultivo de la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado. Quiero compartir algunas reflexiones que se expresaron con consenso durante el encuentro.
Además del placer que siempre encontramos en reunirnos con colegas que tienen experiencias, realizaciones, padecimientos y principios comunes, fue muy importante volver a sentir a partir del dialogo con cada uno de los que integran esta asociación, que la vocación pública continúa existiendo y que, por esa vocación que persiste, aún hoy la Administración Pública cuenta con profesionales que conocen profundamente al Estado.
Y este evento que, con gran sentido de la oportunidad, supo organizar la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado en un momento histórico determinante para nuestro país, reunió, sin lugar a duda, un porcentaje muy importante de esa vocación pública y de ese conocer “desde adentro” el funcionamiento del Estado, ambas condiciones, imprescindibles para iniciar con éxito cualquier cambio sustentable y sano que se proponga para nuestra República.
Los directores, subsecretarios y secretarios que estuvieron presentes en el encuentro, tienen a partir de sus respectivos roles y conocimientos la responsabilidad de actuar como puentes virtuosos del diálogo entre lo técnico y lo político; de traducir en acciones las políticas públicas, pero a la vez, de mostrar y hacer cumplir los límites que impone el control de legalidad y el respeto a los derechos y garantías constitucionales.
Tanto por la situación del país, que exige inmediatas respuestas del Estado, como por los cambios y la construcción que deberá iniciar el gobierno que resulte electo, estará en cabeza del arco político, hoy más que nunca, el imperativo ético de no desaprovechar esta vocación y este conocimiento.
La ética pública, con límites más precisos que la ética privada, exige la utilización de los mejores recursos disponibles para lograr las mejoras que exige cada área de gobierno, con la mayor celeridad, economía, eficiencia y eficacia posibles.
