La provincia imputó a Worldcoin, que podría ser multada por $1000 millones
La imputación se relaciona con supuestas cláusulas abusivas. Después de la intimación, la empresa no ofreció una respuesta satisfactoria y presentó contradicciones, como en el escaneo de datos biométricos de menores.
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha decidido imputar a la empresa Worldcoin tras la detección por parte de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores de la inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión. Estas cláusulas obligan a aceptar términos presuntamente contrarios a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
Las autoridades de la provincia también han identificado discrepancias entre la información proporcionada por la empresa y los hallazgos obtenidos durante fiscalizaciones realizadas en diversas localidades. Se plantea la preocupación sobre el almacenamiento de datos biométricos, especialmente de menores, y la falta de transparencia en cuanto a su uso y destino, incluso sugiriendo que esta información podría estar siendo almacenada en Brasil.
Los contratos de adhesión, bajo los títulos de «Términos y Condiciones de Uso», «Aviso de Privacidad» y «Formulario de Consentimiento de datos», presentan múltiples infracciones por parte de Worldcoin. Entre estas infracciones se encuentran la falta de señalización sobre la edad mínima requerida para el servicio, lo que podría resultar en la recopilación de datos de menores, así como cláusulas que permiten la interrupción del servicio sin compensación, la renuncia a reclamos colectivos y la imposición de leyes extranjeras y arbitraje fuera del territorio argentino.
Worldcoin, que enfrenta multas de hasta 1000 millones de pesos, ha llevado a cabo sus operaciones en varias localidades bonaerenses, donde solicitaba datos biométricos personales a cambio de la instalación de su aplicación financiera y la entrega de criptomonedas. Estas prácticas están en violación de varias leyes y resoluciones nacionales.
Con estas acciones de fiscalización e imputación, se busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger los derechos de los consumidores en la provincia de Buenos Aires.
