La provincia seguirá limitando el incremento de cuotas en los colegios privados
«En la provincia hay un sistema educativo de 6.300 instituciones de gestión privada y el 70% están subvencionadas por el Estado», afirmó el director general de Cultura y Educación de Axel Kicillof, Alberto Sileoni.
Recordó que existe una Ley de Educación y normas que regulan los topes arancelarios para cada ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires. Sileoni aclaró que, a pesar del «espíritu desregulador» del gobierno nacional, en la provincia se mantiene regulación en este ámbito.
En declaraciones a radio Provincia, el funcionario explicó que a pesar de la «desregulación» impulsada por el gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires «hay una Ley de Educación y normas que regulan los topes arancelarios para cada ciclo lectivo». Añadió que estos topes, aunque no son fijos y se ajustan con la inflación, no indican desregulación.
Sileoni resaltó que en la provincia hay 6.300 instituciones de gestión privada, de las cuales el 70% recibe subvenciones del Estado. La mayoría de estas instituciones tiene una subvención que se destina a sostener entre el 80% y el 100% de los salarios. En función del porcentaje de subvención recibido, la Provincia limita el monto de la cuota y de la matrícula.
El director de Cultura y Educación destacó que no se está diciendo «no a la educación privada», sino que se busca establecer límites en las cuotas y matrículas para proteger el bolsillo de las familias. Reconoció la labor de las escuelas privadas, que representan el 30% del sistema educativo bonaerense y ofrecen un importante testimonio social.
Sileoni informó que, por el momento, no se observa una tendencia de traspaso de escuelas privadas a públicas, aunque sí hay un aumento en las consultas en las jefaturas de distritos. Aseguró que esto no es un éxodo o tendencia, sino una mayor inquietud debido a la incertidumbre actual.
Sobre la posibilidad de conflicto gremial por el recorte en el envío de fondos nacionales a la provincia, Sileoni mencionó que la mesa gremial es responsable y comprometida, pero si hay conflictos, deberían trasladarse al gobierno nacional, ya que el gobierno provincial sigue activo y busca la igualdad de las personas, mientras que las decisiones nacionales van en contra de la gente.